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Las informaciones que están saliendo a flote en relación con la presunta defraudación de fondos de la llamada trocha fronteriza norte, ayudan a entender la destitución del Ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, y la salida pocos días antes de María Lorena López, viceministra encargada de infraestructura vial.

A muchos les pareció difícil de creer la razón que se dio en la Casa Presidencial sobre el motivo de la destitución de Jiménez. La explicación fue que el ministro había denunciado ante el Ministerio Público a dos funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad  (CONAVI) por recibir presuntamente dádivas de  empresas contratistas de la carretera. Se dijo que se le destituía por responsabilidad política, pero a muchos la medida les recordó la práctica medieval de cortarle la cabeza al mensajero que traía malas noticias.

Diputados de oposición plantearon la necesidad de investigar los hechos para encontrar a los responsables, tras recordar que desde meses atrás se venían haciendo denuncias y las autoridades del Gobierno las conocían y no actuaron.

 

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El Ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, eximió en el 2006 de responsabilidad a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) en el proyecto de “Informática Educativa 21” para recibir en su lugar ¢252.000.000 ($494.000), los cuales se destinarían a “proyectos prioritarios”, entre los cuales se encontraba el Programa Ética, Estética y Ciudadanía.

Este programa gozó del financimiento de fondos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por ¢417.000.000, los cuales se entregaron entre el 2006 y 2007 a consultora Procesos, Investigación y Asesoría CA de la politóloga Flor Isabel Rodríguez, exasesora de la Presidenta Laura Chinchilla y esposa del exministro de Hacienda, Fernando Herrero.

 

 

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Los magistrados Ana Virginia Calzada y Luis Paulino Mora, durante una visita que hicieron a la mina en Las Crucitas. (Foto: archivo)

El pronunciamiento de la Sala Constitucional (IV) sobre una acción interpuesta por Industrias Infinito contra la sentencia en firme -dictaminada por la Sala Primera- y que ordenó la anulación de la concesión a la empresa extranjera, parece inminente.

La decisión sobre la suerte de la acción de inconstitucionalidad interpuesta en noviembre por el abogado Juan Carlos Hernández, es cosa de poco tiempo, dijeron a UNIVERSIDAD fuentes judiciales.

La Sala IV tiene, por ahora, dos opciones en torno  a este tema: aceptar para estudio o rechazar la admisibilidad. De aceptarla, el proceso para decidir por el fondo si la acepta o no, podría demorar bastante tiempo.

 

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Tributación Directa presentó la denuncia desde el 2004, y es casi 8 años después que se imputa a dos personas por este caso.

La empresa periodística La Nación S.A planteó un recurso de apelación ante un Tribunal de alzada la semana anterior, luego de que un Juzgado Penal de Hacienda rechazara la solicitud de prescripción de la causa por defraudación fiscal que se lleva en su contra.

El pasado 7 de mayo, el Juzgado Penal de Hacienda convocó a una audiencia para conocer la gestión presentada por el representante legal de La Nación, Carlos Tiffer, quien solicitó una “prescripción de la acción penal” de la causa 04-00008-0618-PE.

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Tres de cada cuatro costarricenses se informa de las noticias políticas por medio de los noticiarios de televisión, a los que sin embargo no consideran confiables más de la mitad de las personas consultadas, según una encuesta realizada en las dos últimas semanas de abril pasado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica hecha para el Semanario (ver recuadro “Ficha técnica).

Una primera parte del estudio se publicó en la edición anterior, con datos que reflejan una reprobación generalizada de la ciudadanía al desempeño de la presidenta Laura Chinchilla y políticos de todos los partidos.

Al consultar la opinión sobre algunas protestas sociales que han tenido lugar en los últimos meses, como las protestas por aumento salarial en el sector público y contra el proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas, el estudio registra un amplio apoyo, salvo el caso de la huelga de anestesiólogos en la Caja Costarricense de Seguro Social que recibió una fuerte desaprobación

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El fracaso en el impulso de la reforma fiscal, una política salarial que fomenta la desigualdad y la carencia de búsqueda de nuevos mercados ante la inseguridad que para las exportaciones costarricenses representa en estos momentos el mercado europeo, fueron las principales críticas que el Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica de la Universidad Nacional (UNA) señaló a la gestión del gobierno de Laura Chinchilla.

El análisis de ese observatorio fue presentado durante una conferencia de prensa ofrecida por los economistas Henry Mora y Roxana Morales -coordinadora del Observatorio- en el Colegio de Periodistas el pasado 10 de mayo.

Consultada por UNIVERSIDAD, Morales afirmó que “vemos mucha improvisación” en las políticas que se han implementado, en el sentido de que “no se hacen estudios previos de impacto y no hay coordinación entre diferentes instituciones que podrían aplicar esas políticas”.

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